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LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL COP21?

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MEDIO AMBIENTE: ¿QUÉ HACER DESPUÉS DEL COP21?

Por: Fernando Eslava / Twitter: @feslava24

Causó indignación a nivel global la declaración del presidente Donald Trump de retirar a los Estados Unidos de los Acuerdos de la COP 21 de París, que buscaban reducir gradualmente los niveles de emisión de dióxido de carbono, metano y otras sustancias peligrosas para el medio ambiente, con el fin de reducir la tasa de incremento de la temperatura en el planeta. Al mismo tiempo, una carta abierta  de seis científicos y diplomáticos destacados ha alertado a la comunidad ambiental que tenemos únicamente tres años para poner en funcionamiento los acuerdos de la COP21 y reducir las emisiones tóxicas, antes de sufrir los efectos más rigurosos del cambio climático.

¿Qué hacer? Independientemente del enfoque científico sobre las medidas para reducir el incremento del cambio climático, las adaptaciones en nuestro estilo de vida e inclusive en ciclos de siembra y cosecha, jurídicamente propongo algunas medidas que se pueden tomar para contribuir en el proceso de reorientar todas nuestras acciones en pro de nuestro medio ambiente:

  1. Introducción de los acuerdos COP21 de París en una Ley Estatutaria (para el caso de Colombia)

Para materializar lo acordado en los acuerdos de la COP21 (que tienen el mismo efecto de un tratado internacional obligatorio), considero pertinente que se expida una Ley Estatutaria (es decir, una ley que regule un derecho fundamental, en este caso podemos indicar que el derecho fundamental que se regula es la protección del medio ambiente para salvaguarda de la vida y las futuras generaciones) reglamentando al detalle todo lo acordado en la Conferencia COP21, en el cual se establezcan obligaciones para el Estado como la investigación efectiva de hechos en los que se denuncie la contaminación de cualquier recurso natural, la evaluación rigurosa y comparada con experiencias en otros países, de proyectos de minería, explotación de recursos naturales del suelo, subsuelo y el espacio aéreo, y extracción de gas natural o licuado; y también la obligación de que las Universidades Públicas y la Academia en general realicen los citados estudios, para que todos estos sean contrastados por la comunidad en el mecanismo de la Consulta Previa.

  1. Reforma del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y del Sistema Nacional Ambiental (SINA)

Si bien es cierto las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) tienen facultad de sancionar a todos aquellos que vulneren el medio ambiente, se debe reforzar el sistema para que los funcionarios del Ministerio de Ambiente puedan ejercer funciones de vigilancia, control y sanción en colaboración con las CAR y las Secretarías de Ambiente Distritales, Municipales y Gubernamentales. Así mismo, se puede contemplar la facultad de suspender y cancelar una licencia ambiental en caso de que se inicie una investigación por contaminación ambiental o se decida que efectivamente esta ocurrió. Por otra parte, se puede proponer que las multas impuestas por estas autoridades no solamente deban pagarse al tesoro, sino que se deba invertir otra parte en creación, publicidad y gestión de iniciativas ambientales como reforestación o recuperación de ríos.

  1. Registro Unificado de Emisiones Potencialmente Perjudiciales

Considero pertinente que se establezca un registro unificado de emisiones potencialmente perjudiciales, en donde los funcionarios del Ministerio de Ambiente, las CAR, y las Secretarías de Ambiente ejerzan una inspección sobre las empresas y comerciantes que emiten sustancias o desechos a cualquier recurso natural. El fin de este Registro puede ser la imposición de un nuevo impuesto o tributo denominado “Impuesto a la Emisión de sustancias potencialmente perjudiciales” que se pueda medir según la cantidad de los residuos, su calidad y la fuente natural a la cual se desechan. Todo esto, para que se puedan captar recursos que permitan la recuperación ambiental de bosques, ríos y del aire.

  1. Ley de descongestión judicial para acciones populares que busquen proteger el Medio Ambiente.

Tal como lo recordamos, las Acciones Populares fueron una nueva acción judicial traída a nosotros por la Constitución de 1991, pero que por su complejidad y gran volumen de pruebas que se deben valorar, es prácticamente ineficiente puesto que los jueces y magistrados que las deciden se toman hasta 10 años para su trámite. Por tanto, se puede tramitar en el congreso de la República una Ley de Descongestión Judicial que permita la agilización de las acciones populares que busquen proteger el Medio ambiente de la siguiente forma: Creación de una Sala Transitoria de Decisión en el Consejo de Estado que únicamente se dedique a conocer de expedientes de Acción Popular para protección del Medio ambiente, sin competencia para decidir tutelas o acciones de cumplimiento; Creación de una Sección Transitoria de Decisión en todos los Tribunales Administrativos para los mismos efectos que la del Consejo de Estado, igualmente sin competencia para decidir tutelas ni acciones de cumplimiento; Creación o reorganización de jueces administrativos y civiles del circuito para decisión exclusiva de Acciones Populares sobre Medio ambiente, sin competencia para tramitar acciones de tutela ni acciones de cumplimiento (En el caso de los jueces administrativos)

  1. Creación de nuevos delitos que castiguen la violación de los acuerdos de la COP21

Toda vez que el derecho penal es creado constantemente para proteger los más altos valores y bienes que tiene una comunidad, se pueden crear nuevos delitos que penalicen la violación de los acuerdos de la COP21 como forma de transmitir el mensaje del compromiso estatal de la protección del medio ambiente. Como penas, no obstante, no es conveniente contemplar principalmente a la prisión puesto que esto puede contribuir a una mayor congestión carcelaria; una solución bastante conveniente, es la imposición de durísimas multas pecuniarias a cada uno de los responsables y la prohibición del ejercicio profesional.

  1. Fortalecimiento de la Fiscalía General de la Nación para investigación de delitos ambientales

Así como se pretendía el fortalecimiento de la Fiscalía para la JEP, se pueden crear nuevos cargos de fiscales para investigación de delitos ambientales, junto con la disposición de una unidad de delitos ambientales del CTI para apoyo exclusivo a estos fiscales.

  1. Celebración de Tratados Internacionales para la Colaboración en investigación y sanción de delitos ambientales

Puesto que uno de los “huesos duros” en el castigo de delitos ambientales son las multinacionales y las grandes corporaciones empresariales, se pueden celebrar tratados en donde todos los países firmantes se comprometan a investigar, juzgar y sancionar a quienes cometan delitos ambientales y contribuyan a la infracción de los acuerdos de la COP21, así como se contemple el deber de compartir información judicial e investigativa a todos los países que así lo soliciten.

  1. Jurisdicción Universal para los delitos ambientales

El principio de Jurisdicción Universal, en términos simples, funciona de la siguiente manera: Existen conductas tan deplorables que, por vulnerar a la conciencia de la humanidad, no solamente deben ser castigadas por el derecho penal sino que pueden (y deben) ser castigadas por cualquier juez que conozca de las mismas, sin importar que no pertenezca o no tenga competencia en el país en el que se cometió el delito.

Puesto que la protección medioambiental y los Acuerdos de la COP21 se establecen con la finalidad última de proteger el entorno de nuestros hijos y las futuras generaciones, cualquier vulneración al mismo debe considerarse como un atentado directo a la conciencia de la humanidad; tanto por cuanto es la humanidad quien depende de la naturaleza en una relación frágil. Por tanto, no solamente deben castigarse estas conductas, sino que se debe permitir que cualquier juez en el mundo las conozca y las sancione. Tómese en forma de ejemplo la deforestación del Amazonas por corporaciones argentinas, siendo juzgados y sancionados por jueces de Noruega.

Por supuesto, estas no son las únicas medidas, pero sí las que considero más eficientes. ¿Qué medidas consideras pertinentes?

Imágenes tomada de:  https://elblogverde.com  y http://froac.manizales.unal.edu.co

Lo expresado por el columnista no representa la opinión de EL PALIQUE REVISTA DIGITAL

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